A través de su Oficio No. 241-186082 del 30 de noviembre de 2021, la Superintendencia de Sociedades respondió una consulta sobre la implementación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE al que se refiere el Capítulo XIII a la Circular Básica Jurídica de esa Superintendencia, de acuerdo con la modificación introducida por la Circular Externa 100-000011 del 9 de agosto de 2021 de la misma autoridad.
Puntualmente, la Superintendencia concluyó, respecto del plazo de implementación que, si por ejemplo una sociedad cumple los criterios para quedar obligada a implementar el PTEE a 1° de enero de 2022, deberá adoptar dicho programa a más tardar el 31 de mayo del año 2022. Por el contrario, para las sociedades que por primera vez cumplen con los topes de activos y de ingresos para quedar vigilada a 31 de diciembre de 2021 (Capítulo XIII numeral 4.1), deberán adoptar el programa a más tardar el 31 de mayo del 2023, si se toma en consideración que la sociedad quedaría vigilada a partir del primer día hábil de abril del año 2022, por lo que solo hasta el 1° de enero de 2023 quedaría finalmente obligada a la adopción del PTEE.
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La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia profirió el pasado 26 de noviembre de 2021 la sentencia SC5251, por medio de la cual analizó la validez del voto emitido por un usufructuario en una decisión de la Asamblea General de Accionistas, y concluyó que, debido a que el usufructo únicamente fue otorgado respecto de los derechos económicos de las acciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 412 del Código de Comercio, el nudo propietario se reservó para sí los derechos políticos y, en consecuencia, el voto emitido por el usufructuario es nulo por no haber contado con derecho para emitirlo.
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